Sinaloa: El ocaso de un gobierno rebasado

“Entre la violencia desbordada y un gobernador aislado, Sinaloa enfrenta una crisis que pone en duda la capacidad del gobierno para restaurar el orden y la confianza.”

El conflicto en Sinaloa ha alcanzado un punto de inflexión que ni los discursos más optimistas pueden encubrir. Culiacán, la capital del estado, es ahora el epicentro de una crisis de violencia que parece no tener fin. Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya se esfuerza en proyectar la imagen de un líder que está recuperando terreno frente a la inseguridad, la realidad que viven los sinaloenses es diametralmente opuesta. Día tras día, los medios de comunicación, las redes sociales y los mismos habitantes nos ofrecen una visión mucho más cruda: Sinaloa sigue desangrándose.

¿De qué sirve que un gobierno insista en que todo está bajo control cuando las cifras lo contradicen? Muertos, desaparecidos y una ola de violencia que no solo afecta a las víctimas directas, sino también a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. La credibilidad de Rocha Moya, que alguna vez fue defendida por miembros de la Cuarta Transformación, se ha ido desvaneciendo en medio de contradicciones y promesas incumplidas.

La reciente muerte de Héctor Melesio Cuén con una confusa investigación de la fiscalía Estatal, presuntamente ligada a la detención del Mayo Zambada son solo los últimos episodios de una narrativa donde el gobierno parece estar siempre un paso atrás. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, no ha dudado en poner distancia entre su administración y la de Rocha Moya. En un principio, se le vio respaldando al gobernador, pero ahora parece haber un marcado distanciamiento. ¿Qué pasó con ese apoyo incondicional? ¿Cómo un líder que fue defendido por altos mandos de Morena ha llegado a convertirse en el “apestado” del grupo?

Y es que Rocha Moya ha ido acumulando desaciertos. No solo ha tropezado verbalmente en sus declaraciones, sino que su manejo del caso de Melesio Cuén ha sido errático y confuso. La detención del Mayo Zambada no ha ayudado en absoluto a la narrativa oficial. De hecho, parece que Zambada, con 74 años y encarcelado, ha ganado más credibilidad que las propias autoridades. El capo insistió que no se entregó voluntariamente, sino que fue llevado con engaños y extraditado bajo circunstancias sospechosas. Un relato que choca frontalmente con la versión gubernamental. ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo es posible que un narcotraficante encarcelado narre los hechos con más precisión que el propio gobernador?

El desgaste de Rocha Moya no solo es evidente en su gestión, sino también en su aislamiento político. Gobernadores que antes le tendieron la mano han comenzado a desmarcarse, probablemente temerosos de que la situación en Sinaloa se convierta en un problema nacional. Incluso Sheinbaum, quien hace unos días fue interrogada sobre el rol del gobernador en las investigaciones de la fiscalía, prefirió esquivar el tema. “Es una cuestión de la Fiscalía General de la República, no hay que especular”, dijo, marcando una clara distancia.

¿Realmente la fiscalía actúa de manera autónoma? En teoría, sí. Pero todos sabemos que en la práctica, sobre todo en casos de alta relevancia política, las decisiones de la fiscalía pasan por el filtro del poder presidencial. Y aunque Sheinbaum ha querido mostrarse como una presidenta fuerte, capaz de tomar decisiones al margen de las presiones políticas, es inevitable preguntarse: ¿Hasta qué punto su administración está dispuesta a dejar caer a uno de los suyos?

Sinaloa no es solo una crisis de violencia, es también una crisis de gobernabilidad. La imagen de un gobierno estatal desgastado y acorralado por su propia incompetencia se vuelve cada día más clara. Las esperanzas que alguna vez se depositaron en la Cuarta Transformación parecen desvanecerse ante la realidad implacable de un estado que no puede garantizar la seguridad de su población.

La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿Cuánto tiempo más podrán las autoridades seguir eludiendo la responsabilidad? Si bien la presidenta ha insistido en que “no hay impunidad”, los hechos parecen decir otra cosa. ¿Cuántas vidas más tendrán que perderse antes de que veamos un cambio real en la estrategia de seguridad? La violencia en Sinaloa no se va a solucionar con discursos, y mucho menos con la indiferencia de un gobierno que, desde la Ciudad de México, observa con frialdad una crisis que lo supera.

Es momento de que las autoridades dejen de escudarse en tecnicismos y tomen decisiones contundentes. El pueblo de Sinaloa merece algo más que promesas vacías y justificaciones retóricas. Merecen un gobierno que enfrente los problemas de frente, que dé respuestas claras y que, sobre todo, ponga fin a la ola de violencia que ha transformado a la capital sinaloense en un campo de batalla.

La Cuarta Transformación prometió un México más seguro, más justo y más equitativo. Sin embargo, la realidad en estados como Sinaloa pinta un panorama completamente distinto. Y si no se actúa pronto, el legado de este gobierno podría quedar manchado para siempre por la sangre de quienes han sido olvidados.